Controlar el precio del suelo y de los pisos

En las grandes ciudades, sobre todo, es imposible comprar una vivienda pues el precio por m2 es prácticamente inalcanzable para la mayoría de los jóvenes y sus sueldos. A pesar de contemplar la posibilidad de reducir el tamaño de las casas (pero no a 30 m2, por favor), sería quizás más serio reconocer la situación real y encontrar la manera de conseguir rebajar el precio del suelo y, por ende, de las viviendas.

¿Por qué dejar que los constructores y promotores especulen de manera abusiva? Lógicamente ellos construyen y venden casas para ganar dinero pero la situación actual ha devenido insostenible por desmesurada. Me pregunto yo si en las VPO y en las VPT realmente se controla que las condiciones de la construcción cumplan con la normativa que regula este tipo de viviendas y se garantice así una calidad por un precio determinado. Estamos hartos de escuchar la cantidad de defectos que aparecen en estas construcciones una vez entregadas las viviendas, y sin haber pasado casi un año de la construcción de las mismas. ¿Por qué no tasar oficialmente los terrenos y obligar a comprar y vender a un precio para evitar la especulación?. Todos sabemos que existe el catastro, pero que también este precio estipulado difiere bastante del precio de mercado. Bien, si esto se hiciera así y se ejerciera un control de precios, podríamos pensar que tanto los constructores como los promotores intentarían buscar el beneficio ahorrando en las calidades o hasta en los sistemas de seguridad, y así compensar la pérdida de ese beneficio (si es que no lo hacen ya). Bueno, pues que el gobierno de turno controle estrictamente el cumplimiento de todas las garantías y calidades establecidas para que no haya lugar a la picaresca. ¿Cómo? Haciendo controles exhaustivos y sancionando las malas prácticas, si procede. Aunque claro, luego podemos pensar que, aunque ya hay controles, se puede “comprar” a estos controladores para que emitan un informe “positivo” de la obra. Y es verdad. Eso es corrupción y creo que va íntegramente ligado a la profesión de constructor/promotor, con el consentimiento del poder institucional correspondiente.

Así que es obligación y deber moral del gobierno, ya sea en el ámbito regional o nacional, evitar que exista esta corrupción y que "pasen por el aro" los especuladores que quieren hacerse ricos a nuestra costa. Seguro que así conseguiríamos rebajar precios.